# ¿Ocho Tesla para funcionarios y profesores sin escritorio? Las prioridades que la UAM debe explicar
La Universidad Autónoma Metropolitana se define a sí misma como una institución en la que la docencia y la investigación constituyen funciones sustantivas inseparables. La propia Universidad presume contar con más de 2,750 profesoras y profesores investigadores de tiempo completo y sostiene que su modelo académico vincula estrechamente la investigación con la enseñanza.
Pero detrás de ese discurso institucional existe una realidad que merece ser discutida públicamente.
Profesores investigadores que deben producir artículos científicos, dirigir tesis, formar estudiantes, mantener líneas de investigación, participar en congresos nacionales e internacionales y competir por reconocimientos académicos pueden encontrarse desarrollando esas actividades sin presupuesto suficiente, pagando de su propio bolsillo viajes, inscripciones, publicaciones, materiales y otras actividades relacionadas con su trabajo académico.
En algunos casos, el problema llega a algo todavía más elemental: no disponer siquiera de un espacio de trabajo institucional adecuado, un cubículo, un escritorio o equipo de cómputo asignado para desarrollar las funciones por las que la propia Universidad los contrata y evalúa.
Y mientras esta situación merece explicaciones, durante 2026 surgió una pregunta incómoda:
¿La Rectoría General adquirió ocho automóviles Tesla para funcionarios?
El 12 de septiembre de 2026, el académico Hugo Aboites publicó en La Jornada un señalamiento particularmente grave: sostuvo que desde la Rectoría General se habría decidido adquirir una flotilla de ocho automóviles Tesla para funcionarios, con un costo cercano a 900 mil pesos por unidad.
De ser exacta esa cifra, estaríamos hablando de aproximadamente 7.2 millones de pesos destinados a ocho automóviles.
Es indispensable hacer una precisión: hasta el momento, este señalamiento público no debe confundirse con una comprobación documental definitiva de la adquisición. Para acreditarla hacen falta contratos, facturas, procedimientos de compra, registros patrimoniales y documentos presupuestales.
Pero precisamente por eso la UAM debería transparentar inmediatamente la información.
La pregunta no debe ser silenciada. Debe contestarse con documentos.
La compra de vehículos para funcionarios sí está oficialmente regulada
Lo que sí está plenamente documentado es que en 2026 el Rector General de la UAM emitió el Acuerdo 03/2026, específicamente destinado a regular la adquisición y asignación de vehículos para personas funcionarias.
El propio acuerdo sostiene que determinadas autoridades y funcionarios requieren vehículos institucionales para desplazarse y desarrollar sus responsabilidades. La Universidad contempla, además, mecanismos para la asignación de esos vehículos.
También existe una regla presupuestal muy clara.
Los documentos de planeación presupuestal de la UAM para 2026 establecen que la adquisición de vehículos sólo procede cuando éstos sean indispensables, estén destinados exclusivamente al uso de la Universidad, cuenten con la clave correspondiente del Patronato, se cubran con recursos propios y exista suficiencia presupuestal.
Entonces las preguntas son inevitables:
¿Se compraron efectivamente ocho Tesla?
¿En qué fecha?
¿Qué modelos?
¿Cuál fue el precio unitario?
¿Cuál fue el procedimiento de adquisición?
¿A qué funcionarios se asignaron?
¿Quién autorizó la operación?
¿Con cargo a qué partida y a qué fuente de ingresos?
¿Dónde se encuentran actualmente esos vehículos?
¿La Universidad determinó formalmente que eran “indispensables”?
Y, sobre todo:
¿cómo determina la UAM que un automóvil para un funcionario es indispensable mientras existen profesores investigadores que carecen de recursos elementales para realizar investigación?
Antes que un automóvil, un lugar para trabajar
El problema de los espacios de trabajo académico no es una simple percepción individual.
En documentación institucional de la propia UAM se reconoce, por ejemplo, que en determinado departamento no todos los profesores cuentan con un cubículo donde desarrollar sus tareas sustantivas.
El mismo documento recuerda algo fundamental: en la UAM, docencia e investigación están indisolublemente vinculadas.
La contradicción es evidente.
Una universidad puede exigir productividad científica. Puede evaluar publicaciones. Puede exigir dirección de estudiantes. Puede valorar pertenencia al SNII. Puede pedir participación en proyectos y generación de conocimiento.
Pero para que esas exigencias sean legítimas debe proporcionar condiciones mínimas para cumplirlas.
Un investigador necesita un espacio de trabajo.
Necesita computadora.
Necesita acceso a bases de datos y software.
Necesita recursos para desarrollar proyectos.
Necesita financiamiento para presentar los resultados de su investigación.
Necesita asistir a congresos, establecer redes académicas y mantenerse actualizado.
Y dependiendo de su área necesita reactivos, equipo, materiales, servicios técnicos, mantenimiento y acceso a infraestructura especializada.
No debería considerarse normal que esas necesidades terminen convirtiéndose en gastos personales del trabajador académico.
La investigación no puede financiarse con la tarjeta personal del profesor
Existe una distorsión muy profunda cuando una institución exige resultados de investigación pero traslada al profesor el costo de producirlos.
Pagar personalmente una inscripción a un congreso.
Comprar un boleto de avión.
Pagar alojamiento.
Comprar material académico.
Financiar determinados insumos.
Comprar una computadora porque la institución no proporciona una.
Utilizar recursos personales para mantener activa una línea de investigación.
Cada caso puede tener circunstancias diferentes y debe documentarse individualmente. Pero si estas experiencias son recurrentes entre el personal académico, entonces ya no estaríamos hablando de inconvenientes aislados.
Estaríamos hablando de un problema de prioridades presupuestales.
¿Para quién existe el presupuesto universitario?
Éste es el debate que la UAM debería aceptar.
No se trata de argumentar que una universidad nunca debe comprar vehículos.
Puede haber automóviles institucionales perfectamente justificados: traslado de equipo, actividades académicas, servicios universitarios, seguridad, operaciones administrativas o necesidades reales de movilidad.
La cuestión es otra:
¿qué debe financiarse primero?
Cuando existe dinero disponible, ¿la prioridad debe ser mejorar las condiciones en las que profesores y estudiantes producen conocimiento?
¿O mejorar las condiciones de movilidad de quienes ocupan cargos administrativos?
Un automóvil de aproximadamente 900 mil pesos representa recursos suficientes para adquirir numerosas computadoras de trabajo.
O financiar múltiples participaciones en congresos.
O apoyar proyectos de investigación.
O equipar espacios académicos.
O proporcionar escritorios y estaciones de trabajo.
O sostener durante años pequeñas partidas para profesores que actualmente financian parte de su actividad académica con recursos personales.
Por eso el tema de los presuntos Tesla no es una discusión sobre una marca de automóviles.
Es una discusión sobre qué entiende una universidad pública por prioridad.
La propia Universidad debe demostrar qué ocurrió
La UAM es una universidad pública y, por lo tanto, el destino de sus recursos debe ser escrutable.
Por ello considero necesario que la Rectoría General haga pública, de manera completa y fácilmente accesible, la documentación relativa a cualquier adquisición o arrendamiento de vehículos realizada durante 2025 y 2026.
Particularmente debe conocerse:
número de vehículos adquiridos o arrendados;
marca y modelo;
precio de cada unidad;
facturas y contratos;
procedimiento de contratación;
partida presupuestal utilizada;
origen de los recursos;
autorización del Patronato;
justificación de indispensabilidad;
área responsable;
persona funcionaria a quien fue asignada cada unidad;
placas y número de inventario patrimonial;
condiciones bajo las cuales los funcionarios pueden posteriormente adquirir esos vehículos.
Si los ocho Tesla no fueron comprados, la Universidad puede terminar inmediatamente con la controversia publicando la documentación correspondiente.
Si sí fueron comprados, entonces debe explicar por qué consideró prioritario destinar millones de pesos a esos vehículos.
También necesitamos transparentar lo que reciben los investigadores
Pero la transparencia no debería terminar con los automóviles.
Propongo algo mucho más revelador.
Que la UAM publique, por departamento y división, cuántos profesores investigadores de tiempo completo cuentan actualmente con:
cubículo propio o espacio institucional de trabajo;escritorio;computadora institucional asignada;presupuesto individual o colectivo de investigación;apoyo anual para congresos;apoyo para publicaciones;financiamiento para movilidad académica;recursos para materiales, software, reactivos y equipo.
Entonces podremos comparar prioridades con datos.
No con discursos.
Una universidad se reconoce por cómo trata a quienes producen conocimiento
Los automóviles envejecen.
Los cargos administrativos terminan.
Las rectorías cambian.
Pero el conocimiento producido por una universidad puede permanecer décadas.
Cada artículo científico, cada tesis dirigida, cada estudiante formado, cada innovación y cada proyecto desarrollado contribuyen al patrimonio académico de la institución.
Por eso resulta legítimo preguntar por qué un profesor investigador tendría que financiar personalmente actividades relacionadas con una función que la Universidad reconoce como sustantiva mientras, paralelamente, existe una estructura institucional que contempla vehículos para funcionarios.
No estoy afirmando aquí, sin documentos, que ocho Tesla hayan sido efectivamente adquiridos.
Estoy afirmando algo mucho más sencillo:
la denuncia pública existe, la normativa para adquirir y asignar vehículos a funcionarios existe, y la Universidad tiene la obligación ética de despejar cualquier duda mediante transparencia documental.
Y después de conocer esos documentos debemos plantearnos una segunda pregunta, quizá todavía más importante:
¿Cuánto dinero destina realmente la UAM a que cada profesor investigador pueda investigar?
Porque antes de financiar comodidades administrativas, una universidad pública debería garantizar algo mucho más elemental:
que sus profesores tengan dónde sentarse, con qué trabajar y con qué investigar.
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